lunes, 22 de mayo de 2017

Indecopi: 45 de cada 100 reclamos son contra entidades financieras

De acuerdo a estadística del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Indecopi, en los últimos 12 meses se han recibido 25,782 quejas contra bancos y 4,809 contra empresas de transporte terrestre y aéreo. Conoce aquí el ranking de las empresas más reclamadas.


Karen Guardia
karen.guardia@diariogestion.com.pe

Entre los servicios que más reclamos presentan los consumidores ante el Indecopi se ubican los bancarios – liderando el ranking – seguido por los de transporte de pasajeros.


Así, de los 59,217 reclamos recibidos por la oficina del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) en los últimos 12 meses (de abril de 2016 a marzo de 2017) el 53.35% corresponde a estas dos actividades económicas.

En el periodo de análisis, específicamente se recibieron 26,782 reclamos contra bancos y financieras, lo que implica que 45 de cada 100 quejas son para este rubro económico. Mientras que se acogieron 4,809 reclamos en los SAC contra las empresas de transporte terrestre y aéreo, es decir, 8 de cada 100 quejas. (Ver tabla)

Pero, ¿cuáles son los servicios bancarios que más quejas sucintan entre los consumidores? Al respecto Karim Salazar, jefe del SAC, explicó que se ha identificado que uno de los productos que más desazón genera entre los consumidores son las tarjetas de crédito y asociado a ella, una serie de problemas por consumos fraudulentos.

“A veces nuestras tarjetas son susceptibles de ser clonadas y sustraídas para realizarse, posteriormente consumos no reconocidos en establecimientos comerciales, los cuales no toman las medidas de seguridad adecuadas para la identificación del usuario portador o también vía online, por lo que el consumidor desconoce estos consumos y presenta un reclamo”, detalló la especialista a Gestion.pe

Otro de los problemas que se observa en este rubro, afirmó Salazar, está relacionado con los cobros de membresía, que no son informados adecuadamente al ciudadano que contrató un servicio bancario.

“Si bien consta en los contratos (bancarios), lamentablemente se colocan muchas tarjetas (de crédito) diciéndole al consumidor que no va tener un cargo adicional y este confiado decide guardarlo, y al cabo de un año recibe una cuenta por membresía. Por lo que, la recomendación es evaluar mucho al momento de suscribir un contrato sobre todo con las casas comerciales, así como las condiciones que aceptamos y cómo se nos informa”, específico.

El tercer problema que genera reclamos de los usuarios ante el Indecopí está relacionado con las cobranzas de las deudas.

“Muchas quejas están relacionadas a dudas como ¿cuánto se me debe cobrar?; ¿cuál es el interés que se me aplica por lo demora de pago? Aquí hay muchos problemas de información, ya que el usuario no tiene claro del porque le cobran lo que le cobran”, indicó. En esa línea, aconsejó solicitar, en todo momento, información clara.

Entre los proveedores bancarios con mayor número de reclamos presentados ante la autoridad, en los últimos 12 meses, destaca el Banco de Crédito (BCP) con 3,929 quejas; seguido del Banco Falabella con 3,059 y en tercer lugar el Banco Continental con 3,043.

En marzo del 2017, la situación varió ligeramente: el primer lugar fue del BCP con 301 quejas, seguido del Banco Continental con 243 y el tercero fue para Banco Falabella Perú con 222. (Ver tabla)


¿A qué se debe este resultado? Al respecto, la funcionario detalló que BCP lidera el ranking de la institución financiera más reclamadas considerando el número de transacciones que realiza y el tamaño de la entidad financiera en relación a otras, tomándose en cuenta que la estadística recoge información a nivel nacional.

Servicios de pasajeros aéreos y terrestre
Otro de los rubros con mayor cantidad de reclamos está asociado al transporte de pasajeros aéreo y terrestre. Sobre el particular, Salazar explicó que en el caso del primero la mayor cantidad de quejas presentadas ante los SAC están referidos a las condiciones de los boletos compramos.

“Sabemos ahora que tenemos el derechos de postergar o endosar nuestro pasaje y que la aerolínea tiene que darnos las facilidades, correspondiendo al consumidor el pago únicamente de la emisión de un nuevo ticket, eso es uno de los aspectos”, precisó.

El otro hecho que genera malestar en los consumidores es las pérdidas y daños al equipaje.

“Aquí viene una recomendación: si llevamos cosas de valor hay que declararla o llevarla consigo porque si hay daño al equipaje, cómo acreditamos con una efecto muy valioso va en el mismo”, alertó.

Otro aspecto, está relacionado con los retrasos en el vuelo. Salazar, detalló que hay un daño al consumidor cuando se tiene que realizar varias escalas y la partida o salida demora, lo que puede generar las pérdidas de otras conexiones.De acuerdo a la estadística oficial, en los últimos doce meses Lan Perú y Latam Airlines Group es la que lideran el ranking con 1,219 reclamos recibidos, seguido de Aerovías del Continente Americano (Avianca) con 239 y Peruvian Airlines con 219. (Ver tabla)





Respecto al transporte terrestre, las quejas están relacionadas con los desperfectos técnicos y la ausencia de una atención oportuna para enfrentar este problema, generando en el consumidor gastos adicionales e imprevistos en las que tiene que incurrir para llegar hasta el destino previsto.

También, al igual que el transporte aéreo, las denuncias están referidas con los equipajes y a las continuas paradas en las que incurren estas empresas durante la ruta para recoges pasajeros, poniendo en peligro la seguridad de los pasajeros.

En este rubro la empresa Cruz del Sur es la que lidera el ranking con 108 quejas interpuestas ante los SAC en los últimos 12 meses, seguido de Julsa Angeles Tours con 80 reclamos.

Qué pasa con los reclamos
Salazar detalló que hay dos caminos a seguir luego de interponerse un reclamo: la conciliación y la no conciliación. “Cuando una persona presenta un reclamo y no una denuncia, lo que procura el Indecopi es de lograr una pronta solución a través de la conciliación”, dijo.

Esto implica que un funcionario de Indecopi establece contacto con el proveedor reclamado y el consumidor para buscar una solución al problema. “En el marco de esta negociación es que el servicios se vuelve efectivo si es que logramos que el consumidor solucione su problema sin necesidad de presentar una denuncia, cuyo proceso toma más tiempo”, afirmó.

“Cuando un reclamo concluye, no necesariamente termina en una denuncia”, alertó. A su turno, detalló que en los casos no conciliados el consumidor tiene la posibilidad de evaluar si presenta o no una denuncia administrativa.

“Cuando se presenta una denuncia se tiene que evaluar el hecho infractor y se tiene la posibilidad de sancionar al proveedor, si es que se determina que fue responsable, asimismo se pueden ordenar medidas correctivas a favor del consumidores”, advirtió.

Para presentar un reclamo: se puede hacer vía web a través del aplicativo “Presenta tu reclamo” o vía telefónica al 2247477 o 0800444040. También se puede realizar en las diferentes sedes de la institución.

“Lo importante es identificar al proveedor a reclamar como un boleto o contrato. Si esto no lo tenemos identificado, se generará problemas en trasladar los reclamos en búsqueda de soluciones”, puntualizó.

Fuente: http://gestion.pe/tu-dinero/indecopi-45-cada-100-reclamos-son-contra-entidades-financieras-2189172

miércoles, 5 de abril de 2017

Piura, Arequipa y Chiclayo con mayor proyección de crecimiento en cobranzas

El potencial que está teniendo el sector de cobranzas se debería al acceso y tipo de crédito, la calidad del crédito y ticket promedio de pago.

Lector, te contamos que Piura, Arequipa y Chiclayo son las ciudades del interior del país con la mayor proyección de crecimiento en el sector cobranzas, de acuerdo a un estudio de Kobsa, empresa especializada en cobranzas y microfinanzas.

Piura, Arequipa y Chiclayo gozan de un mejor potencial en el recupero de carteras castigadas con 25.49%, 15.99% y 12.44% respectivamente. Le siguen, Cajamarca (8.32%), Chimbote (7.96%), Ica (6.73%), Huancayo (5.27%), entre otros.

Para la Gerente General de Kobsa, Ana Vera Talledo, el potencial que está teniendo el sector de cobranzas se debe a tres factores que se están consolidando al interior del país: El acceso y tipo de crédito, calidad del crédito y ticket promedio de pago.


Cajas municipales

El estudio realizado por Kobsa, con información proveniente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), destacó que del total de crédito directo solicitados en provincias, solo un 21% se realiza en una entidad bancaria; mientras que las Cajas Municipales congregan el 89% de todos los créditos solicitados.

En este universo, Kobsa ha detectado que el ratio de morosidad para el caso de la banca es de 2.87% mientras que para el caso de las Cajas Municipales es de 6.16%.

“La preferencia de solicitud de crédito, específicamente en las cajas municipales, está asociado a los requisitos de dichas instituciones financieras al momento de otorgar créditos directos o de consumo".

El ejecutivo explicó que a diferencia del acceso a un crédito de la banca tradicional, donde es necesario cumplir ciertos requisitos para obtener un préstamo asociados, por ejemplo, a tener ingresos estables; no ocurre con las cajas municipales. "Esto se debe a que mucho de las personas en provincias son trabajadores independientes o emprendedores”, dijo Vera Talledo.


jueves, 16 de marzo de 2017

¿Es posible que una deuda prescriba a los cinco años?

Los rubros como comercio y servicios registran los índices más altos de morosidad, por encima del promedio. ¿Que puede ayudar a las pymes a mejorar sus sistemas de cobranza?.




Mía Ríos
sively.rios@diariogestion.com.pe

¿Tiene una deuda en el sistema financiero que no ha podido pagar y solo espera que pase cinco años para que prescriba? Federico Amprimo, director Marketing de Equifax Perú & Ecuador explicó a Gestión que las deudas no prescriben así pasen cinco o más años.

“No prescriben. Lo que ocurre es que pasado ese tiempo dejan de estar publicadas en un buró (central de riesgo). Sin embargo, la obligación contractual continúa”, aclaró.


¿Qué pueden hacer las empresaS para recuperar ese dinero? Mejorar sus procesos de cobranza, señala Amprimo.

En ese sentido, presentó Collector Infocorp, una herramienta que busca hacer los sistemas de cobranza de las pequeñas y medianas empresas más eficientes. “Las empresas que utilizan este tipo de plataformas son empresas del sector servicios, sector comercial, servicios públicos como telecomunicaciones, agua, luz, o también empresas de venta directa, distribuidores”, precisó.

Agregó que los rubros como comercio o servicios son los que tienen el índice de morosidad más alto que el promedio. “El promedio está en 2.1% hoy en día de morosidad y el rubro comercio tiene 3% y servicios 3.5%. Podríamos decir que ahí es donde hay más problemas de morosidad y por tanto pueden haber problemas con los clientes y por ende más problemas en la deuda comercial”, agregó.

Fuente: http://gestion.pe/tu-dinero/posible-que-deuda-prescriba-cinco-anos-2184486

sábado, 11 de marzo de 2017

¿Qué hago si mi crédito está en etapa de cobranza?

Si tiene una deuda morosa que ya pasó a una empresa de cobranza, no tenga temor de ir a negociar. Lo peor que puede hacer es desatender su obligación pues esto no solo le cerraría las puertas del sistema financiero, sino que también complicaría su postulación a un trabajo.

Elizabeth García

elizabeth.garcia@diariogestion.com.pe

Diversas circunstancias pueden llevar a una persona a incumplir sus obligaciones financieras y a ser considerada como cliente moroso.

Muchas veces, cuando la deuda está con atraso y es encargada a una empresa especializada, las personas son renuentes a entablar una negociación o tienen miedo sobre las condiciones de pago que deberán afrontar.

Sin embargo, encontrarse en esta situación perjudica no solo el historial crediticio de la persona, sino que también podría impedirle conseguir un trabajo.

Cada vez más empresas consideran el historial crediticio de su potencial trabajador como una herramienta para ver qué tan responsable es con sus obligaciones.

Negocie
Si usted ya está en esta situación, lo peor que puede hacer es dejar pasar el tiempo o desentenderse de su obligación. Lo aconsejable es acercarse a la empresa que está gestionando la cobranza de su deuda y buscar una solución que se ajuste a su actual situación financiera.

Hoy en día las empresas de cobranza tiene un rostro más asertivo de cara al deudor, apunta Brady Menéndez, presidente de la Asociación de Empresas de Cobranza del Perú (Anecop).

“Antes era una cobranza netamente a presión, ahora somos asesores que tratamos de indicarle a los deudores la importancia de pagar sus deudas a tiempo, en qué momento pagarlas y, sobre todo, cómo endeudarse”, señala.

“Ya no somos los malos de la película, tratamos de encontrar una solución personalizada para cada deudor”, enfatiza.

Alternativas
Dependiendo de la etapa en que se encuentre la deuda, se pueden ofrecer facilidades de pago que se adecúen a cada cliente, explica.

“Se pueden realizar descuentos (…), refinanciamientos o aumento de plazos”, detalla.

Considerando la situación real de cada individuo, se hace un análisis personalizado y, de ser el caso, se puede hacer excepciones con el fin de que regularice su situación, sostuvo el ejecutivo.

En tal sentido, destacó que las entidades financieras ahora tiene mayor apertura para comprender la situación por la que atraviesa cada persona. “Lo importante es que muestre voluntad de pago”, menciona.

Centrales de riesgo
Si uno ya se puso al día con sus obligaciones, otro paso a seguir es regularizar su situación en las centrales de riesgo.

Hay empresas que se encargan de ese trámite, pero también el propio deudor que ya está al día en sus pagos puede acercarse a las centrales de riesgo y solicitar que su historial muestre su actual situación crediticia, dijo el titular de Anecop.

Fuente: http://gestion.pe/tu-dinero/que-hago-si-mi-credito-esta-etapa-cobranza-2183017

miércoles, 22 de febrero de 2017

SBS: ¿Qué hacer si hay un error en su calificación crediticia?

Como complemento a su servicio de Reporte de Deudas, la SBS acaba de lanzar el servicio de Alerta de clasificación crediticia, para que las personas conozcan su rating crediticio y, por otro lado, evitar suplantaciones de identidad.


La SBS lanzó ayer miércoles un servicio de Alerta de Calificación Crediticia a fin de mejorar las finanzas de las personas. El sistema permite conocer las variaciones en el rating crediticio de un usuario del sistema financiero y alertarlo cuando una nueva línea de crédito sea abierta a su nombre, a fin de evitar suplantaciones. Pero ¿qué hacer y qué medidas tomar una vez conocido el error?

En el primer caso, si el reclamo fuera fundado, lo primero es acercarse a la entidad financiera, sea un banco, caja o pyme, y efectuar un reclamo “bajo cualquier canal que la entidad hubiera colocado”, señala a Gestión Jamile Vallés, analista de Atención al Usuario de la SBS.


“Esta entidad tiene la obligación de respondernos dentro del plazo máximo de 30 días y efectuar una rectificación, en caso fuera procedente el reclamo, dentro del plazo máximo de 5 días”, señala Vallés. “Este es un proceso automático”, señaló.

Para utilizar el servicio de Alerta Crediticia, que solo requiere del DNI y un teléfono celular para usarlo, primero se requiere estar inscrito en el Reporte de Deudas de la SBS. Este ha alcanzado 1.9 millones de consultas desde que se lanzó en octubre de 2016, por lo que la SBS espera que la Alerta cubra al menos la mitad de personas durante este año.

“La idea es llegar al máximo de personas. Hoy en día el reporte de deudas desde su lanzamiento hasta el día de ayer ha registrado 1.9 millones de personas suscritas. Con lo cual pensamos que podemos llegar al menos a la mitad de estas personas”, señaló Vallés.

La alerta llega al correo electrónico de cada persona los días 28 de cada mes.

Fuente: http://gestion.pe/tu-dinero/sbs-que-hacer-si-hay-error-su-calificacion-crediticia-2182318

jueves, 22 de septiembre de 2016

Las sanciones pecuniarias coercitivas (multas) imppuesta por Indecopi podrán apelarse

Indecopi esclarece las incertidumbres generadas respecto a la impugnación de las multas.

Las multas coercitivas que impongan los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos en materia de protección al consumidor del Indecopi podrán impugnarse, garantizándose con ello el derecho al debido procedimiento administrativo.

4/9/2016

Esto a partir de las modificaciones realizadas a la Directiva que aprueba el procedimiento sumarísimo en materia de protección al consumidor, efectuadas por dicha entidad estatal mediante la Resolución N° 148-2016-Indecopi/COD.

Lineamientos

Conforme a la disposición modificatoria, las resoluciones de aquellos órganos resolutivos que pongan fin al citado procedimiento y los pronunciamientos administrativos de esas dependencias que impongan multas coercitivas no requerirán de una declaración de consentimiento expreso.

En efecto, una vez que la resolución que emita el órgano resolutivo de procedimiento sumarísimo quede consentida, esta instancia administrativa remitirá al área de cobranza coactiva la respectiva solicitud de ejecución en la cual se deje constancia de tal situación.

Además, las resoluciones administrativas expedidas por los referidos órganos resolutivos que pongan fin a la instancia y las que impongan multas serán susceptibles de impugnación, detalla la norma modificatoria.

También podrán ser impugnadas las resoluciones de aquellos órganos resolutivos que se pronuncian sobre el dictado de medidas cautelares y la suspensión del procedimiento sumarísimo en materia de protección al consumidor por causales previstas en el artículo 65 del Decreto Legislativo N° 807, Ley de funciones del Indecopi.

Con la resolución modificatoria se derogan los anexos del Texto Único Ordenado (TUO) de la Directiva que aprueba el mencionado procedimiento sumarísimo previsto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y se elimina de este marco normativo toda mención a esos anexos.

Beneficios

Con todo ello, el Indecopi precisa la naturaleza apelable de las resoluciones administrativas de los mencionados órganos que imponen multas coercitivas, garantizando el debido procedimiento administrativo.

A su vez, la entidad facilita la modificación y actualización de los modelos de resoluciones y cartas que utilizan los órganos resolutivos de procedimiento sumarísimos de protección al consumidor, a fin de evitar que cada variación en el texto de aquellos formatos implique una modificación normativa.

Eliminan incertidumbre

Con estas modificaciones se eliminan las incertidumbres procesales generadas respecto a la apelación de las multas coercitivas que imponían los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos en materia de protección al consumidor, indicó el especialista en derecho de la competencia Víctor Manrique, asociado del Estudio Muñiz, Ramírez, Perez-Taiman & Olaya Abogados. Sostuvo que ahora se coloca en forma expresa que es factible apelar aquellas sanciones. Antes solo se precisaba que eran apelables las resoluciones que ponían fin a la instancia, las que dictaban medidas cautelares y las que suspendían el procedimiento, lo que generó que diversos órganos resolutivos tuvieran una interpretación variada, pues a veces se concedía la apelación a una multa y a veces no, explicó. Además, por los anexos que se mantenían, si dichos órganos se apartaban de los formatos se exponían a un cuestionamiento de nulidad de forma, refirió.

apuntes

Se declarará que una denuncia no ameritará el inicio del procedimiento sancionador cuando se considere que el denunciante no tiene la calidad de consumidor, el denunciado no es proveedor o cuando no exista una relación de consumo, o si las partes hubieran llegado a un acuerdo conciliatorio.

El archivo de la denuncia por incumplimiento de requisitos o carencia de sustento es inapelable.

miércoles, 6 de julio de 2016

Repensando la constitucionalidad de las medidas cautelares en materia tributaria dentro de un proceso judicial

Percy Bardales Castro


El 19 de julio de 2012, entró en vigencia el Decreto Legislativo No. 1121, mediante el cual se incorporó el Artículo 159 al Código Tributario, referido a las medidas cautelares en materia tributaria.
Con motivo de la entrada en vigencia de este régimen especial para el otorgamiento de medidas cautelares, en términos generales se ha establecido que: (i) se aplica a toda medida cautelar que tenga por objeto suspender o dejar sin efecto cualquier actuación del Tribunal Fiscal o de la Administración Tributaria; (ii) ya no es posible ofrecer como contracautela (garantía para el resarcimiento derivado del otorgamiento de una medida cautelar) la caución juratoria (promesa de resarcimiento), salvo que se impugnen deudas tributarias que no superen las cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias; (iii) tratándose de garantías personales, la carta fianza debe tener una vigencia de doce (12) meses, prorrogables, por el monto por el cual se concede la medida cautelar; (iv) en el caso de garantías reales (v.gr., hipotecas), ésta debe ser de primer rango y debe cubrir el íntegro del monto por el cual se concede la medida cautelar; (v) el juez debe correr traslado de la solicitud cautelar a la autoridad tributaria para que ésta se pronuncie en un plazo de cinco (5) días hábiles sobre los fundamentos de la solicitud y el monto por el cual se debería otorgar la misma; (vi) una vez vencido el plazo de cinco (5) hábiles para que la autoridad tributaria se pronuncie, el juez deberá pronunciarse sobre la solicitud cautelar; (vii) la autoridad tributaria podrá solicitar que se varíe la garantía (contracautela) (una vez que se cumplan seis meses desde el otorgamiento de la medida cautelar); (viii)será inaplicable el Artículo 615 del Código Procesal Civil a las medidas cautelares tributarias, esto es, a pesar que se obtenga una sentencia favorable (situación que acredita la verosimilitud del derecho invocado y por tanto la no exigencia de una garantía), el contribuyente deberá necesariamente cumplir con presentar cualquiera de las garantías exigidas por ley; y, (ix) no será de aplicación para los procesos regulados por Leyes Orgánicas (como es el caso de los procesos constitucionales seguidos ante el Tribunal Constitucional).
En este contexto, se ha venido discutiendo sobre la constitucionalidad del régimen especial antes indicado. Así, se ha señalado que la normativa de las medidas cautelares en materia tributaria afecta:(i) el derecho a la igualdad (numeral 2 del Artículo 2 de la Constitución Política), pues no existiría una justificación objetiva y razonable para tratar de manera diferente las medidas cautelares (en función a la calidad del demandado); (ii) el derecho a la tutela judicial efectiva, en especial el derecho de defensacomo manifestación de dicho derecho (numeral 3 del Artículo 139 de la Constitución), pues se afecta la eficacia del resultado del proceso judicial al correr traslado a la autoridad tributaria de la solicitud cautelar (posibilita que se ejecute los actos impugnados, de tal forma que no tenga sentido el proceso iniciado, al poder afectar en forma importante a los contribuyentes; máxime cuando el plazo por ley que se otorga para realizar la cobranza coactiva es de siete (7) días hábiles de notificada la correspondiente resolución); (iii) la autonomía e independencia de los jueces, pues son los jueces los directores del proceso, quienes imparten justicia en el caso concreto, y se encuentran sujetos únicamente a la Constitución al momento de otorgar una medida cautelar que haga efectivo el derecho a la tutela judicial de los particulares (Artículo 146 de la Constitución Política); (iv) la discrecionalidad del juez, manifestación concreta de la potestad de impartir justicia (Artículo 138 de la Constitución Política), pues corresponde sólo a los jueces decidir la adecuación, utilidad, variación, sustitución, cancelación y cualquier otro aspecto relacionado al otorgamiento de las medidas cautelares (incluso hasta el monto a garantizar, a partir de la ponderación realizada en el caso concreto); (v) a una decisión justa (Artículo 3 de la Constitución Política), toda vez que la exigencia de una garantía (contracautela) sólo es necesaria cuando se pretende asegurar el resarcimiento de daños y/o perjuicios derivados de su ejecución (ello no sucede si existe una sentencia favorable al contribuyente, pues ya existe una decisión firme que sustenta su posición).
No obstante lo anterior, no podemos dejar de mencionar que en el presente caso están en contraposición dos (2) intereses claramente delimitados. Por un lado, se encuentra el interés del contribuyente a asegurar que la sentencia que se emita en el proceso judicial (proceso contencioso administrativo), en última instancia y en forma definitiva, pueda ser ejecutada sin que se haya afectado la eficacia del proceso. Este presupuesto no ocurriría, por ejemplo, si se produce la cobranza coactiva de una deuda tributaria materialmente importante para el contribuyente (que afecte financieramente la misma, incluso afectando el capital de trabajo), en forma inmediata. Sin embargo, sólo luego de varios años de seguido el proceso y de concluido el mismo, se obtiene una sentencia favorable a sus intereses. Es decir, por mandato judicial, quedó dilucidado que no debió exigirse y, por tanto, cobrarse dicha deuda. Por otro lado, como resulta claro, se encuentra el interés del Estado, a través del fisco, de exigir en forma inmediata el pago de las deudas tributarias a cargo de los contribuyentes (ejecutoriedad de los actos administrativos). Ello, máxime si una vez notificada una Resolución del Tribunal Fiscal (que confirma la deuda tributaria a cargo del contribuyente), la autoridad tributaria queda habilitada desde el día siguiente de su notificación para realizar la cobranza coactiva (otorgando un plazo de siete (7) días hábiles).
Tratar de resolver dicha contraposición de intereses, en forma definitiva, es un asunto de complicada resolución y de larga data en varios otros aspectos. Sin embargo, no queda duda que las leyes (como es el caso del Artículo 159 del Código Tributario), se deben interpretar de tal forma que guarden coherencia e integración con la Constitución Política (Artículo 51 de la Constitución Política). Sólo si la interpretación y consecuente aplicación no es coherente con la norma constitucional, se deberá aplicar los mecanismos de control constitucional (control difuso o control concentrado). En ese sentido, surge la siguiente interrogante: ¿Es posible que la interpretación y aplicación del Artículo 159 del Código Tributario guarde coherencia con lo previsto en la Constitución Política? Desde nuestro punto de vista, sí.
En efecto, es importante entender que el interés del Estado, a través del fisco, de realizar la cobranza coactiva de las deudas tributarias no puede estar constituido per se por la recaudación tributaria (fin extrajurídico). Dicho interés, en estricto, debe estar constituido por el aseguramiento del crédito tributario. Ello se debe a que las resoluciones administrativas que causan estado, como son las Resolución del Tribunal Fiscal, pueden ser impugnadas ante el Poder Judicial para un pronunciamiento definitivo sobre la controversia sometida a consideración (Artículo 148 de la Constitución Política).
En ese sentido, si la controversia jurídica seguida en el ámbito administrativo tributario (SUNAT y el Tribunal Fiscal), es sometida ante el Poder Judicial en ejercicio del derecho de acción del contribuyente (inicio del proceso contencioso administrativo), el juez debe tomar las acciones necesarias para que el ejercicio del derecho constitucional a la tutela efectiva del contribuyente no sólo suponga el acceso a la justicia, sino tenga un correlato real (ver considerando 16 al 19 de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente No. 0015-2005-PI/TC).
Así, si la autoridad tributaria tiene protegido el crédito tributario mientras dure todo el trámite del correspondiente proceso judicial, y el deudor tributario ha acreditado la verosimilitud (razonabilidad) del derecho invocado y el peligro en la demora (la no suspensión de la cobranza coactiva, con la consecuente afectación a su patrimonio), es claro que una “ejecución anticipada” a una decisión judicial definitiva puede suponer una decisión contraproducente para ambos intereses. Por un lado, se afecta innecesariamente el patrimonio de los particulares a pesar que existe una probabilidad de obtener un resultado positivo (situación que puede llevar a situación de déficit financiero a muchos contribuyentes, en función a la materialidad de la deuda tributaria). Por otro lado, se afecta innecesariamente el Estado, pues en caso el contribuyente obtenga un resultado favorable definitivo, se le devolverá lo ejecutado coactivamente con intereses moratorios a la fecha efectiva de devolución, con una tasa de 14.4% anual. Este monto puede ser exorbitante, si consideramos que los procesos judiciales toman su tiempo en ser resueltos y ejecutados.
Precisamente por lo anterior, consideramos que cuando el Artículo 159 del Código Tributario viene a exigir la presentación de una garantía personal (v.gr., carta fianza) o garantía real  (v.gr., hipoteca), para el otorgamiento de una medida cautelar, en estricto está estableciendo una medida que facilita el normal y eficaz desarrollo de los procesos judiciales seguidos por los contribuyentes. No otorgar una medida cautelar frente al ofrecimiento, por ejemplo, de una carta fianza (con requisitos establecidos por ley, como su carácter incondicional e irrevocable), resulta desde todo punto de vista irrazonable, pues no se está afectando en forma alguna el crédito tributario.
Por el contrario, está plenamente tutelado, máxime si se exige que la carta fianza sea emitida con una vigencia de doce (12) meses, prorrogables hasta la resolución definitiva del proceso judicial. Llegado el momento, si finalmente el proceso concluye en forma favorable a los intereses de la autoridad tributaria, se procederá a la ejecución de la correspondiente garantía.
Fuente: http://www.ius360.com/publico/tributario/repensando-la-constitucionalidad-de-las-medidas-cautelares-en-materia-tributaria/